El Tratado hispano-uruguayo firmado el 30 de enero de 1933 autorizaba a la República de Uruguay a exportar a España ocho mil toneladas de carne congelada y cuatro mil toneladas de tasajo, carne seca, al año, lo que equivalía a unas sesenta mil reses. Como contrapartida, España podía exportar a Uruguay aceite y conservas, lo que favorecía a las regiones del este y el sur, productoras de vino y aceite. El gobierno de Azaña justifica la firma del Tratado para abaratar el precio de la carne y conseguir así que fuera más accesible para las clases populares. Los ganaderos, conscientes de ello, temían que una entrada masiva del producto desplomara los precios, hundiendo así el sector, por lo que proponían un aumento de la cabaña ganadera que produjera un descenso gradual del mismo.

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